¿Qué es la Ley de Seguridad de Vehículos de Motor de 2010?

La crisis de la retirada de vehículos de Toyota ha vuelto a poner la seguridad de los automóviles en el centro de la atención nacional, provocando indignación pública, controversia y numerosas iniciativas legislativas. El Congreso está considerando la Ley de Seguridad de Vehículos Motorizados de 2010 (MVSA, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es abordar muchos de los mismos problemas de seguridad que se pusieron de manifiesto tras el fiasco de la retirada de vehículos de Toyota.

Aceleración no intencionada

Muchas de las disposiciones de la MVSA se centran en prevenir la aceleración involuntaria en los turismos, la principal preocupación de seguridad en el caso del retiro de vehículos de Toyota. La ley establecería una distancia mínima entre los pedales, probablemente en respuesta a las primeras afirmaciones de Toyota de que los incidentes de aceleración involuntaria fueron causados por un diseño defectuoso de los pedales y obstrucciones debidas a alfombrillas mal ajustadas.

Además, para prevenir lesiones en casos de fallas o mal funcionamiento del equipo, la MVSA exige una mayor redundancia en los controles de los automóviles nuevos, incluidos sistemas de frenado de anulación obligatorios en todos los vehículos nuevos para permitir que los conductores se detengan incluso si el acelerador se queda atascado en la posición abierta.

Registradores de datos de caja negra

Una de las disposiciones más controvertidas de la MVSA exigiría que todos los vehículos vendidos en Estados Unidos estuvieran equipados con tecnología de registro de datos mediante "caja negra".

Al igual que los dispositivos de grabación utilizados en los aviones, las cajas negras de los automóviles están diseñadas para resistir choques y registrar los eventos previos y posteriores a los accidentes, lo que facilita la investigación posterior. Los datos registrados pueden incluir información como la velocidad del vehículo en el momento del impacto y si se aplicaron o no los frenos.

Aunque aún no son obligatorias, muchos fabricantes de automóviles ya instalan cajas negras en los vehículos nuevos que producen. Sin embargo, debido a que esto se realiza de forma voluntaria, la tecnología no está estandarizada y los distintos registradores recogen diferentes tipos de datos, lo que reduce su utilidad.

Además de la falta de uniformidad en los datos recopilados, los procedimientos para su recolección e interpretación varían considerablemente según el fabricante, lo que dificulta su aprovechamiento. Toyota, por ejemplo, instala cajas negras en sus vehículos nuevos, pero acceder a los datos tras un accidente requiere un dispositivo especializado que no está fácilmente disponible en Estados Unidos. Asimismo, es necesario contar con un empleado de Toyota con formación específica para interpretar los datos una vez descargados de la caja negra, lo que complica la revisión independiente.

Las cajas negras tienen el potencial de proporcionar pruebas cruciales a los demandantes lesionados en accidentes automovilísticos. Al corroborar la explicación de la parte lesionada sobre el accidente (demostrando que se aplicaron los frenos antes del impacto), una caja negra podría ayudar al demandante a obtener una indemnización en un caso que, en el pasado, podría haberse perdido por falta de pruebas.

Por otro lado, los críticos advierten contra una dependencia excesiva de la tecnología, señalando que un mal funcionamiento de un dispositivo podría llevar a que se responsabilice a la parte equivocada en caso de accidente.

Los defensores de la privacidad también expresan su preocupación de que las cajas negras obligatorias puedan suponer una invasión de la privacidad para los consumidores, sobre todo porque estos dispositivos pronto podrían incluir un componente de vídeo en la cabina, que, combinado con la tecnología de localización GPS, podría utilizarse teóricamente para monitorizar los movimientos de los conductores en tiempo real.

Transparencia y rendición de cuentas

La retirada de vehículos de Toyota no solo impulsó la incorporación de tecnología más orientada a la seguridad en el diseño de los nuevos automóviles, sino que también puso de relieve la necesidad de mayor transparencia y responsabilidad por parte de los fabricantes cuando surgen problemas de seguridad. Toyota ha sido ampliamente criticada por retrasar la divulgación de sus problemas de seguridad antes de la retirada masiva de vehículos.

Una de las maneras en que la MVSA busca lograr esto es simplificando el proceso de quejas sobre riesgos de seguridad. Una disposición de la MSVA exigiría que todos los autos nuevos vendidos exhiban una etiqueta o dispositivo en un lugar accesible para informar a los conductores sobre cómo reportar problemas de seguridad a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA). La ley también exige que la NHTSA establezca una línea directa confidencial para reportar posibles defectos de seguridad, facilitando así que los concesionarios, mecánicos y fabricantes reporten defectos sin temor a represalias.

La ley también establecería protecciones para los denunciantes empleados de fabricantes, distribuidores y proveedores de repuestos, y exigiría que los altos ejecutivos verifiquen la exactitud y exhaustividad de todas las respuestas a las solicitudes de información de la NHTSA relacionadas con las investigaciones de seguridad. La MVSA estipula que estos ejecutivos estarían sujetos a sanciones civiles y penales por aprobar a sabiendas respuestas que contengan información falsa, engañosa o incompleta.

Finalmente, las disposiciones de la MVSA también exigen que los posibles riesgos para la seguridad se hagan públicos en una etapa temprana del proceso de investigación, a menos que la información esté exenta de divulgación en virtud de la Ley de Libertad de Información. Los críticos de esta disposición argumentan que la divulgación pública temprana, en lugar de prevenirla, fomentaría el secretismo en el sector y podría perjudicar la competencia de las empresas que toman medidas proactivas al informar sobre sus inquietudes con antelación.

La MVSA no aborda la conducción distraída.

Un aspecto que la MVSA no aborda es el creciente problema de la conducción distraída en el país, a pesar de que el uso cada vez más frecuente de teléfonos celulares y mensajes de texto al volante representa un riesgo significativo para la seguridad. Sin embargo, otra ley federal pendiente, la Ley de Prevención de la Conducción Distraída, busca incentivar a los estados a abordar el problema por sí mismos mediante la concesión de subvenciones a aquellos que promulguen leyes contra la conducción distraída o mantengan las ya existentes.

Si bien muchos estados ya han aprobado leyes que prohíben o limitan específicamente el uso del teléfono celular y otras distracciones al conducir, Florida no cuenta con una ley de este tipo.